Gastos de comunidad en el alquiler: el contrato debe indicar su importe anual

Una cláusula genérica que diga que los gastos de comunidad corresponden a la persona inquilina puede no ser suficiente. La Ley de Arrendamientos Urbanos permite pactar que determinados gastos generales de la vivienda sean asumidos por el arrendatario, pero exige que el acuerdo conste por escrito y determine su importe anual a la fecha del contrato.

Una reciente sentencia de la Audiencia Provincial de Illes Balears aplicó esa regla en un procedimiento de desahucio. La propietaria reclamaba gastos comunitarios y cantidades derivadas de una actualización de renta. El contrato indicaba que los gastos de comunidad eran a cargo del inquilino, pero no decía cuánto ascendían al año.

La novedad fue detectada por el radar de NoticiasTrabajo/HuffPost. Esta nota se apoya en el texto oficial completo de la resolución.

Por qué importa concretar la cantidad

La Audiencia distinguió los gastos comunitarios de los consumos que pueden medirse individualmente, como sucede habitualmente con la luz o el agua. En un edificio sometido a propiedad horizontal, las cuotas de comunidad se calculan normalmente conforme a la participación de cada vivienda y corresponden inicialmente a la propiedad.

Para trasladar esos gastos generales al inquilino, el artículo 20 de la ley exige algo más que una mención genérica. Debe constar por escrito tanto la obligación como el importe anual existente cuando se firma el contrato.

La sentencia explica que esta concreción permite saber desde el principio qué coste se asume y controlar sus posibles incrementos durante los primeros años del alquiler. En el caso analizado, la cláusula se limitaba a atribuir al arrendatario los gastos de comunidad, sin cuantificarlos. Por ello, la Audiencia la consideró inválida para reclamar esas cantidades.

El pago posterior no convirtió la cantidad en debida

El inquilino había pagado lo reclamado el mismo día en que recibió la demanda. Alegó que lo hizo por miedo a perder la vivienda, no porque reconociese la deuda.

La Audiencia concluyó que ese abono no podía tratarse como una enervación del desahucio —el pago que permite poner fin al procedimiento en ciertos supuestos— porque las cantidades reclamadas no eran legalmente exigibles. Confirmó así la desestimación de la demanda.

La resolución también examinó la actualización de la renta y consideró que las cantidades pretendidas por ese concepto no podían exigirse en los meses anteriores a la comunicación realizada. En un conflicto de este tipo conviene, por tanto, separar cada partida y comprobar su fundamento, el contrato y las fechas.

Qué conviene revisar en un contrato de alquiler

Para saber si un gasto puede reclamarse no basta con comprobar quién aparece como obligado al pago. También puede ser relevante revisar:

• Si se trata de un gasto general de la vivienda o de un consumo individualizado.
• Si el pacto figura por escrito y señala el importe anual a la fecha del contrato.
• Qué recibos o liquidaciones acreditan la cantidad reclamada.
• Si ha habido incrementos y cómo se han calculado.
• Las fechas y el contenido de las comunicaciones entre las partes.
• Si existen otras cantidades discutidas, como renta, actualizaciones o suministros.

La sentencia procede de una Audiencia Provincial y señalaba que podía ser recurrida en casación. No significa que toda deuda comunitaria sea inexigible ni que una persona inquilina pueda dejar de pagar sin revisar antes su contrato. El resultado depende del tipo de gasto, de cómo se redactó el pacto y de la prueba disponible.

Esta nota ofrece información general basada en una resolución concreta y en la normativa vigente. Antes de reclamar, pagar bajo protesta o dejar de abonar una cantidad conviene revisar el contrato completo, los recibos, las comunicaciones y las fechas del caso.