Nueva protección laboral para personas afectadas por incendios

El Consejo de Ministros aprobó el 28 de julio un real decreto-ley con medidas laborales y sociales para personas afectadas por incendios forestales. La novedad fue detectada por el radar de NoticiasTrabajo/HuffPost y se apoya en la información oficial del Ministerio de Trabajo.

La protección no se vincula a cualquier incendio de forma automática. La comunicación ministerial la refiere a incendios que hayan requerido medidas de la autoridad como evacuaciones, limitaciones de acceso, confinamientos u otras restricciones, y permite contemplar también perjuicios que alcancen a personas o empresas situadas fuera del municipio directamente afectado.

En el momento de redactar esta información, el real decreto-ley aprobado todavía no aparecía publicado en el Boletín Oficial del Estado. El anuncio oficial contiene además referencias distintas al 22 y al 23 de julio al explicar los efectos temporales. Por prudencia, la fecha exacta de aplicación, los requisitos y el procedimiento deben comprobarse en el texto definitivo del BOE antes de solicitar la prestación o adoptar una decisión laboral.

Una prestación por suspensión del contrato

La principal novedad anunciada es la Prestación Extraordinaria por Emergencia Extrema. Según el Ministerio, una persona trabajadora podrá suspender su contrato y solicitarla cuando las consecuencias del incendio le impidan trabajar en alguno de los supuestos regulados.

La comunicación oficial destaca tres grupos de situaciones:

• La imposibilidad de acceder a la vivienda habitual por una evacuación o restricción, cuando ello impida recuperar bienes indispensables para trabajar y no sea posible el trabajo a distancia.
• La necesidad de trasladarse, limpiar o acondicionar la vivienda, recuperar enseres o realizar presencialmente determinados trámites para obtener documentos oficiales.
• Los deberes de cuidado del cónyuge, pareja de hecho, familiares hasta segundo grado u otras personas convivientes, incluidos los derivados del cierre de centros educativos u otros servicios.

El anuncio indica que la prestación podrá durar un máximo de cuatro meses, que no exigirá un periodo mínimo de cotización y que no consumirá las cotizaciones acumuladas para futuras prestaciones por desempleo.

No basta con alegar una afectación genérica

La nota ministerial señala que la suspensión debe comunicarse expresamente a la empresa y acompañarse de documentación que acredite el supuesto. Después, la empresa debe remitir el certificado correspondiente al Servicio Público de Empleo Estatal.

En un caso real puede ser importante conservar:

• La orden de evacuación, restricción de acceso o comunicación de protección civil.
• Pruebas de que el domicilio o la actividad se encuentran en la zona afectada.
• Documentos sobre daños, limpieza, traslado o pérdida de enseres.
• Justificantes del cierre de un centro educativo o de otra necesidad de cuidado.
• La comunicación enviada a la empresa y su fecha de recepción.
• La respuesta empresarial y cualquier certificado remitido al servicio de empleo.

El Ministerio también anuncia que una medida empresarial desfavorable adoptada como consecuencia del ejercicio de estos derechos será nula. Esa previsión deberá aplicarse atendiendo a la causa real de la decisión y a la prueba disponible, no como una nulidad automática ante cualquier conflicto posterior.

Otras medidas para familias y empresas

La información oficial menciona un permiso específico por fallecimiento relacionado con los incendios y medidas de Seguridad Social para empresas y personas trabajadoras por cuenta propia. También prevé exenciones de cotización vinculadas a expedientes temporales de regulación de empleo en empresas cuya actividad haya quedado impedida o limitada.

Estas medidas tienen condiciones distintas y no deben confundirse con la prestación por suspensión del contrato. En particular, una persona autónoma, una empresa con actividad paralizada y una persona asalariada que no puede acceder a su vivienda pueden quedar sujetas a procedimientos diferentes.

En Galicia, donde el riesgo forestal puede dar lugar a evacuaciones y restricciones durante el verano, conviene documentar desde el primer momento tanto la medida adoptada por la autoridad como su efecto concreto sobre el trabajo, la vivienda o los cuidados.

Esta nota ofrece información general basada en una medida aprobada por el Gobierno y en la comunicación oficial disponible al cierre de la edición. Antes de actuar hay que consultar el real decreto-ley publicado en el BOE, comprobar su vigencia y revisar la orden de protección civil, la relación laboral, la documentación de los daños y las circunstancias personales.