Un juzgado de Vigo reconoce como accidente laboral una baja tras violencia sexual en el trabajo

Una información publicada por Noticias Jurídicas recoge una resolución del Juzgado de lo Social número 7 de Vigo sobre la baja médica de una trabajadora del servicio de ayuda en el hogar en una localidad del sur de Pontevedra.

Según la fuente, la trabajadora sufrió tocamientos no consentidos por parte de la persona a la que atendía y comunicó lo ocurrido tanto a la empresa concesionaria como al ayuntamiento responsable del servicio. La información señala que no se activó el protocolo de acoso y que la evaluación preventiva no había contemplado adecuadamente el riesgo.

Por qué la baja se vincula al trabajo

La trabajadora inició una incapacidad temporal diagnosticada inicialmente como contingencia común por un cuadro depresivo. Noticias Jurídicas indica que el juzgado apreció una relación directa entre los episodios sufridos durante la prestación del servicio y la afectación psicológica que motivó la baja, iniciada el mismo día.

La resolución habría declarado que la incapacidad temporal deriva de un accidente de trabajo y habría condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la mutua, a la empresa concesionaria y al ayuntamiento a asumir las consecuencias que correspondan dentro de sus respectivas responsabilidades.

El artículo 156 de la Ley General de la Seguridad Social define el accidente de trabajo como la lesión corporal sufrida con ocasión o por consecuencia del trabajo. También contempla determinadas enfermedades contraídas por causa del trabajo cuando se acredita el nexo exigido por la norma.

La violencia sexual también debe evaluarse como riesgo laboral

La Ley Orgánica 10/2022, de garantía integral de la libertad sexual, obliga a las empresas a promover condiciones de trabajo que eviten conductas contra la libertad sexual y a arbitrar procedimientos para prevenirlas y encauzar denuncias o reclamaciones. Su artículo 12 exige además incluir la violencia sexual entre los riesgos laborales concurrentes en los puestos ocupados por trabajadoras, así como informar y formar sobre ellos.

Esta obligación se integra en el deber general de protección de la salud y la seguridad. Los artículos 14 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales exigen una protección eficaz, una evaluación de los riesgos del puesto y la revisión de esa evaluación cuando se producen daños para la salud.

En trabajos de atención domiciliaria, la actividad se desarrolla en hogares ajenos y con frecuencia sin la presencia inmediata de otros compañeros. La prevención no puede limitarse a los riesgos físicos más evidentes: debe contemplar también situaciones de violencia, los canales de aviso, la respuesta urgente y las medidas que permitan continuar el servicio sin exponer a la trabajadora.

Qué documentación puede ser relevante

Cuando existe una posible relación entre una baja y un episodio ocurrido en el trabajo, conviene conservar y ordenar desde el inicio:

• Los partes médicos y las fechas de asistencia sanitaria e incapacidad temporal.
• Las comunicaciones realizadas a la empresa, al servicio de prevención o a la administración responsable.
• Los partes de incidencias, mensajes y avisos relacionados con el servicio.
• La evaluación de riesgos, los protocolos aplicables y las medidas adoptadas tras la comunicación.
• Las resoluciones del Instituto Nacional de la Seguridad Social o de la mutua sobre la contingencia.

La resolución comentada es de primera instancia y el texto íntegro de la sentencia no estaba disponible en una fuente oficial durante esta revisión. La fuente consultada tampoco permite confirmar su firmeza. Por ello, los hechos y el fallo se presentan de forma atribuida y no deben trasladarse automáticamente a otros supuestos.

Esta nota ofrece información general. No sustituye el análisis de la sentencia, la documentación médica y preventiva, las comunicaciones realizadas ni las circunstancias y fechas concretas de cada caso.